A 14 años del terremoto magnitud 8,8 del 27 de febrero de 2010 y su posterior tsunami, las comunidades afectadas recordaron la catástrofe que costó la vida de 547 personas. Tras el rediseño de la institucionalidad de emergencia, ahora son los municipios los que deben establecer las zonas de riesgo, las de seguridad y los planes para la protección de la población en caso de catástrofes.
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