El organismo detectó que la contratación no se ajustaría a derecho y debió realizarse por licitación pública. El caso involucra cerca de 9 millones de pesos y suma cuestionamientos políticos y eventuales conflictos de interés.
El organismo detectó que la contratación no se ajustaría a derecho y debió realizarse por licitación pública. El caso involucra cerca de 9 millones de pesos y suma cuestionamientos políticos y eventuales conflictos de interés.